El sistema penitenciario mexicano enfrenta condiciones profundamente precarias: según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 2024 el 88,3% de los centros supervisados presentaba deficiencias en sus condiciones materiales e higiene, y el 55,2% registraba sobrepoblación.
Mientras que las personas condenadas ven suspendido el ejercicio de sus derechos políticos, entre ellos, el voto, durante el cumplimiento de su pena, las personas en prisión preventiva lograron el reconocimiento de su derecho al voto mediante una sentencia del Tribunal Electoral en 2019.
Sin embargo, la discusión sobre extender este derecho a toda la población penitenciaria continua vigente: en 2020, la senadora Nestora Salgado presentó una iniciativa para ampliar el sufragio a las personas privadas de la libertad.